Comayagua, Comayagua. El Ministerio Público (MP) a través de la Fiscalía Especial Para la Transparencia y Combate a la Corrupción Pública (FETCCOP), Regional Comayagua, presenta un antejuicio en contra de la exalcaldesa (2018-2022) y actual regidora del municipio de Opatoro, La Paz, Dunia Patricia Martínez Osorio, por suponerla responsable de abuso de autoridad y falsificación de documentos públicos y como cómplice de malversación de caudales públicos, en un caso de desvío de materiales de electrificación.
De acuerdo con el documento presentado ante la Corte de Apelaciones de lo Penal con Competencia Nacional en Materia de Criminalidad Organizada Medio Ambiente y Corrupción, el 25 de junio de 2021 la diputada Gladis Aurora López, quien se encuentra con auto de formal procesamiento en este caso, suscribió un acta para la solicitud de materiales de electrificación para un proyecto social en “La Ceibita”, Opatoro, mismos que fueron retirados e instalados en un proyecto privado.
Mediante investigaciones de la Agencia Técnica de Investigación Criminal (ATIC), se encontró un documento denominado “solicitud de apoyo para llevar a cabo el proyecto de electrificación en la comunidad La Ceibita”, el cual fue emitido el 02 de julio de 2021 por la entonces alcaldesa, a sabiendas de que esa comunidad ya estaba electrificada desde el año 2019 por un proyecto municipal, incurriendo así en la falsificación de documentos públicos y siendo cómplice para la malversación de caudales por uso diferente, al saber que dichos materiales no serían instalados en esa comunidad.
Con base en esos acontecimientos, los fiscales anticorrupción consideran que existen suficientes elementos para la presentación de un requerimiento fiscal en contra de la actual regidora Dunia Patricia Martínez Osorio, por lo que la FETCCOP solicita a la Corte de Apelaciones declarar “ha lugar” el antejuicio para proceder a ejercer la acción ante el Juez de letras competente.
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Es preocupante ver cómo se sigue evidencia corrupción en los niveles más altos del poder local. La falsificación de documentos y la malversación de fondos públicos son delitos que afectan directamente a las comunidades más necesitadas. Es fundamental que las autoridades competentes actúen con la debida diligencia para sancionar a los responsables. La transparencia y la justicia deben ser prioritarias para recuperar la confianza de los ciudadanos. ¿Cómo se puede garantizar que este tipo de casos no se repitan en el futuro?